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Declaración de la Corporación de Abogados Católicos

Paraná: El fallo a favor del aborto esta basado en una ley racista

Con motivo del fallo de la Cámara Civil de Paraná, que revocó la sentencia de Primera Instancia y dejó sin protección legal al niño por nacer de una presunta discapacitada que habría sido violada, la Corporación de Abogados Católicos emitió una declaración tendiente a que el Superior Tribunal revoque a su vez el fallo de la Cámara. El texto expresa que el artículo 86 inciso 2 del Código Penal se basa en un informe del Senado de la Nación de 1919 que consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”, y advierte que con “esos argumentos racistas”, se introdujo en el Código Penal “la excusa absolutoria, que ahora se intenta aplicar, para dejar sin protección la vida de un niño que aún no ha nacido”.

Buenos Aires, 10 Set. 07 (AICA) Con motivo del fallo de la Cámara Civil de Paraná, que revocó la sentencia de Primera Instancia y dejó sin protección legal al niño por nacer de una presunta discapacitada que habría sido violada, la Corporación de Abogados Católicos emitió una declaración pública tendiente a que el Superior Tribunal revoque a su vez el fallo de la Cámara.

La declaración, que lleva la firma de Alberto Solanet, presidente de la Corporación, y del secretario Juan Manuel Medrano, expresa: “Nuevamente se intenta, por vía judicial, vulnerar la intangibilidad de la vida inocente, invocando normas que han perdido vigencia porque se encuentran en franca colisión con otras de jerarquía constitucional. La jueza Claudia Salomón, de la ciudad de Paraná, adoptando medidas cautelares muy concretas, amparó la vida de un niño que se encuentra en el vientre de una mujer de 19 años que padecería algún grado de discapacidad.

La Cámara Civil de Paraná revocó la resolución de la magistrada de primera Instancia y dejó así sin protección judicial al niño por nacer”.

Explica que “la excusa absolutoria”, prevista en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal, fue incorporada al proyecto del actual Código en 1919, a partir de un informe del Senado de la Nación que “fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933”.

“La Comisión consideró que ‘es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza’. Con esos argumentos racistas, que pocos años después contribuyeron al establecimiento de un régimen demencial que empujó al mundo a la segunda guerra mundial, y que no vaciló en inmolar a minusválidos, judíos y gitanos, se introdujo en el Código Penal la excusa absolutoria, que ahora se intenta aplicar, para dejar sin protección la vida de un niño que aún no ha nacido”, prosigue el mensaje.

Estas “excusas absolutorias” añade, “resultan manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto a la persona por nacer desde el instante de su concepción. Por eso, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado que ‘el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional’” y que se trata de un “derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Los abogados destacaron algunos preceptos de la Ley 23.849 “que ponen de manifiesto la inconstitucionalidad de la sentencia de la Cámara Civil de Paraná”. Entre ellos, se menciona el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, que “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” y aclara que “con esta reserva, ‘en las condiciones de su vigencia’, la Convención adquirió jerarquía constitucional”. Y el artículo 3 de dicha Convención, que expresa: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Estas normas, “que podrían ser ampliadas con otras también de nivel constitucional, son suficientes para enmarcar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución con relación a los derechos a la vida y a la salud de la persona por nacer”.

El texto asegura que “no puede controvertirse hoy, en términos jurídicos, que el derecho a la vida se extiende desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier discriminación que se intente, fundada en la edad de la persona por nacer, resultará violatoria de los preceptos de jerarquía constitucional que hemos mencionado y de la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Ley Fundamental. Las sentencias que dicten todos los jueces de la República y que dejen sin protección legal y judicial a las personas concebidas, carecen de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o nueve meses de gestación. Todas tienen el mismo derecho a la vida”.

“Por lo expuesto, la Corporación de Abogados Católicos, en defensa de la vida inocente que se intenta inmolar, solicita se revoque con urgencia la sentencia dictada por la Cámara Civil de Paraná”, concluye la declaración. (Texto completo de la declaración)

Quieren imponer el aborto como “solución”

También el doctor Roberto Castellano, presidente de Pro-Vida, se pronunció al respecto en una declaración en la que advierte que, “a pesar de la gravedad que reviste este panorama que se repite, no vemos que intente articularse ninguna política coherente para evitar su repetición y proteger a las víctimas”.

Sostiene que “solamente verificamos esfuerzos para utilizarlos como ‘casos testigos’ que sirvan para imponer el aborto como ‘solución’” y que “esta perversión moral se basa en creer que el mal se remedia con otro mal, ignorando que en nuestro ordenamiento legal constitucional no existe el ‘aborto no punible’ ya que nuestra Constitución y el sano sentido común, ordenan proteger toda vida humana desde su inicio en la concepción”.

El texto completo de la declaración es el siguiente:

Nuevamente un caso de embarazo de una joven discapacitada conmueve a la opinión pública. El hecho de Entre Ríos se suma a la larga lista que ya conocemos. Sin embargo, a pesar de la gravedad que reviste este panorama que se repite, no vemos que intente articularse ninguna política coherente para evitar su repetición y proteger a las víctimas. Solamente verificamos esfuerzos para utilizarlos como “casos testigos” que sirvan para imponer el aborto como “solución”. Sabiendo que así no se evitan las violaciones, se victimiza nuevamente a la madre matando al niño que engendra y se asesina a otra víctima, también inocente, y además indefensa.

Esta perversión moral se basa en creer que el mal se remedia con otro mal, ignorando que en nuestro ordenamiento legal constitucional no existe el “aborto no punible” ya que nuestra Constitución y el sano sentido común, ordenan proteger toda vida humana desde su inicio en la concepción.

Si lo que se pretende es que el Estado se haga cargo de lo que erróneamente se considera “no punible” habría que garantizar, con la misma lógica, que los suicidios se efectúen en los hospitales públicos o que los hijos puedan robar a sus padres en dependencias policiales.

Doctor Roberto Castellano, Presidente de Pro-Vida (ONG)+

 Hace unos días, les comentaba esto (les recomiendo ver el vídeo)

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