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Los alcaldes catalanes podrían cerrar cualquier lugar de culto o reunión, simplemente denegándole una “licencia de actividad religiosa”.

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La libertad religiosa es un derecho humano básico. Pero el “anteproyecto de ley sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos” que está preparando la Generalitat lo limita: para reunirse en un local “con fines religiosos”, el local necesitará una licencia. Y la licencia, la dará (o quitará) el ayuntamiento. Y esta licencia el ayuntamiento puede retirarla cuando quiera y a quien quiera.

Algo nunca visto en España (aunque común en regímenes soviéticos).

Efectivamente, la Dirección de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya (que en última instancia depende de la vicepresidencia de Josep Lluís Carod-Rovia, de ERC) ha elaborado un anteproyecto de ley, en teoría para regular la proliferación de oratorios islámicos y protestantes que acompañan la fuerte emigración en Cataluña y que se instalan a veces en condiciones poco adecuadas de salubridad. Pero el texto resultante es “una barbaridad jurídica”, en palabras de los asesores legales de E-Cristians.

El proyecto parece inspirado en algunos reglamentos que regulan discotecas o salas de fiesta. Aplicado a las parroquias y tal como está redactado, el resultado es que cualquier alcalde puede cerrar en su ciudad cualquier parroquia, iglesias o centros de catequesis (“lugares de culto o de reunión con fines religiosos”, es decir, cualquier local religioso).

Grandes iglesias, pequeños oratorios, locales para la catequesis de los niños, monasterios… todo cae bajo el “poder de cierre” del alcalde de turno.

Sólo quedan fuera los “centros de culto o reunión religiosa” de hospitales, tanatorios, prisiones y los ubicados en “espacios destinados a otras actividades principales”. También quedan “a salvo” los edificios del inventario de Patrimonio Artístico o Arquitectónico (la obra de Gaudí, el Monasterio de Poblet, las iglesias románicas de la Vall de Boí, etc… un porcentaje diminuto del total de centros religiosos).

La asociación E-Cristians ha protestado ante la Administración y ha enviado un análisis de los errores del anteproyecto a todos los obispos de Cataluña y a diversas autoridades políticas, para que la propuesta no llegue a tramitarse.

Es de dudosa constitucionalidad querer regular las condiciones de centros de reunión y formación de carácter religioso, cuando otras actividades de concurrencia pública, de carácter asociativo y formativo no lo tienen”, denuncia la Asociación E-Cristians.

Según el informe de la asociación cristiana “hay artículos que entran en conflicto directo con los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede (3/1/1979)”. Todo el artículo 1 y 4 del proyecto “es contrario a la libertad de culto”: “es inconcebible que cumpliendo la normativa general y el plan urbanístico, una parroquia pueda ser cerrada por un alcalde”.

Otro criterio del proyecto dice que los municipios, a la hora de valorar si conceden o no licencias “de actividad religiosa”, tendrán en cuenta “la proporcionalidad del centre de culto con la población del término municipal”.

Es un criterio absurdo, puesto que poblaciones pequeñas como Olesa y Vimbodí tienen grandes centros religiosos como el Monasterio de Montserrat y el Monasterio de Poblet. De igual forma, las comunidades musulmanas podrían querer hacer una gran mezquita en un municipio pequeño (o los evangélicos una “megaiglesia” al estilo americano, o una parroquia católica de gran tamaño y éxito, como Santa María de Caná en Pozuelo, Madrid), a la que miles de personas irían en coche por sus muchos servicios. Esta norma de “la proporcionalidad” lo prohíbe de forma arbitraria.

La ley es confusa porque tampoco distingue entre los centros ya existentes y los de nueva creación, por lo que alcaldes anticlericales (o con cualquier tipo de interés) podrían dedicarse a cerrar parroquias centenarias o milenarias en sus municipios.

Otra norma (la 4c) dice que a la hora de otorgar licencias, tendrán preferencia los centros “de carácter interreligioso”. Lo cual es absurdo y una discriminación hacia los centros y locales de una religión concreta.

Además, en el artículo 7.2 de este alocado proyecto, incluso se habla del control de la “ocupación temporal de la vía pública”. Con lo cual en una ley sobre “locales religiosos” se reglamentaría la libertad de expresión y manifestación religiosa (protegida en el artículo 2 de la ley orgánica 7/1980 de 5 de julio, LOLR). Piénsese en como un alcalde anticlerical puede usar eso contra procesiones de Semana Santa, alfombras de flores en Corpus Christi, bailes en honor de los santos locales, etc…

Además, ¿puede el poder público decidir qué es y qué no es un lugar de reunión “con finalidad religiosa”? Según el artículo 6 de la LOLR y los acuerdos con la Santa Sede y las otras confesiones, y según el principio de aconfesionalidad del Estado (CE 16.3) esta función está reservada a cada confesión, y no a los alcaldes o municipios. Tampoco la Generalitat tiene autoridad para definir qué local es o deja de ser centro de “reunión religiosa”. Y eso es importante, porque podría tener repercusiones fiscales y tributarias (por ejemplo, las exenciones fiscales que las confesiones religiosas tienen a partir de acuerdos de 1979 y de 1992).

Con esta ley en la mano, el comunista alcalde Pepone habría cerrado la parroquia de un plumazo al cura Don Camilo en las novelas de Guareschi. Novelas con situaciones estrafalarias, pero no tanto como algunas de estas leyes que el tripartito genera en Cataluña.

Además de denunciar este proyecto de ley ante la opinión pública, los partidos y los obispos, E-Cristians tienen en marcha 2 recursos contenciosos administrativos contra la Generalitat: uno por los decretos de educación catalanes (contrarios a la Constitución y a la jurisprudencia europea de Derechos Humanos: el Estado no puede adoctrinar), y otro contra los 400.000 folletos de sexo infantil que Sanidad y Educación quieren repartir en escuelas, hospitales y centros públicos.

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